La situación de discriminación y exclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, así como la de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, sigue siendo en nuestro país un problema de primer orden que exige la adopción de medidas específicas que incidan sobre las causas reales que le dan origen.

 

El trabajo desarrollado por el CERMI en este ámbito ha servido para mostrar cómo la confluencia de dos ejes de discriminación, como el género y la discapacidad, generan situaciones de violación de derechos humanos que han pasado totalmente inadvertidos y que merecen ser abordados de manera sistemática a partir de un nuevo enfoque, que permita poner el acento en aquellos ámbitos por donde las organizaciones de personas con discapacidad y del movimiento de mujeres no se han detenido. 

 

Un plan de estas características se enmarca en las denominadas “medidas de acción positiva”, entendidas como estrategias que tienen un carácter limitado en el tiempo y que cuyo objetivo es contribuir a eliminar prejuicios, actitudes, discursos y prácticas que dificultan a un determinado grupo social alcanzar una situación real de igualdad de oportunidades; en este caso, las mujeres y niñas con discapacidad fundamentalmente, aunque no en exclusiva.

 

Este II Plan viene a dar continuidad al trabajo ya iniciado en 2005 con el I Plan Integral de Acción del CERMI, introduciendo, por un lado, una serie de mejoras, que son fruto del aprendizaje de los últimos años, así como objetivos y medidas que dan continuidad a las que en su día fueron incluidas en el I Plan y acciones novedosas que tratan de dar respuesta a realidades no tenidas en cuenta anteriormente, o que no fueron consideradas prioritarias.

 

Este sería el caso de la inclusión en este II Plan de las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad, cuya situación presenta características específicas que deben ser abordadas en este marco. Precisamente el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala al respecto la importancia de que las familias de las personas con discapacidad reciban también protección y asistencia para que así puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones. Aquí se inscribirían las mujeres cuidadoras del entorno familiar (prioritariamente madres, parejas, hijas y hermanas) que han sido contempladas en este II Plan con el fin de promocionar sus derechos para alcanzar la igualdad de oportunidades, sin prejuicio de que sean las mujeres y las niñas con discapacidad las protagonistas del grueso de objetivos y medidas propuestos en el mismo.

 

Para su elaboración se ha tomado como marco legal y ejecutivo de referencia fundamental dos tratados internacionales de derechos humanos, como son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por Naciones Unidas en el año 1979, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada también por Naciones Unidas en 2006. Complementariamente, se han tenido presente otros documentos de relevancia, como por ejemplo la Declaración del Milenio, adoptada por Naciones Unidas en el año 2000 y la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020: Un compromiso renovado para una Europa sin barreras.